La dictadura cívico-militar no fue simplemente un cambio en el régimen político en Argentina. El gobierno de facto vino a impulsar un profundo proceso de transferencia de ingresos y a quebrar el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones que imperaba en el país para reemplazarlo por un esquema donde las finanzas tomaron un rol preponderante.
En relación a la distribución del ingreso, se observa que los salarios reales se retrajeron un 52 por ciento entre 1976 y 1983, es decir, perdieron la mitad de su poder de compra. De esta manera, se redujo la participación de los trabajadores en el ingreso de 47,5 por ciento en 1976 a tan solo 33,2 por ciento en 1983. Esta brutal transferencia de ingresos no hubiera sido posible sin la desarticulación y censura total del movimiento obrero, que presentaba altos niveles de organización y sindicalización. Para ello, el gobierno de facto recurrió a la prohibición de los sindicatos, a la brutal represión y desaparición de personas y al desmantelamiento de las industrias. Justamente en el sector industrial se encontraban los sindicatos más fuertes (ver entrevista a Victoria Basualdo en la página 8 de este mismo número).
En línea con los preceptos del neoliberalismo, la dictadura retrajo la intervención del Estado en el comercio exterior y en el mercado financiero, impulsando así un nuevo modelo económico. Asistimos a una liberalización de las importaciones a partir de la rebaja de aranceles que permitió el ingreso de productos de manera indiscriminada.
Resulta interesante ver la propaganda de la época que muestra que los productos nacionales que se vendían en el país eran de mala calidad y que, una vez liberadas las importaciones, la competencia haría que la producción nacional mejorara. Lo cierto es que los productos extranjeros desplazaron a los locales y, como resultado, la participación de la industria en la producción total del país se redujo del 21,8 por ciento en 1976 al 13,2 por ciento en 1983. A su vez, se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones luego de una fuerte campaña contra la intervención estatal. De este modo, se observó una caída en la participación de las exportaciones industriales: de 20,8 por ciento al inicio de la dictadura, a 13,3 por ciento al finalizar.
En este marco, las empresas transnacionales se vieron beneficiadas por la nueva Ley de Inversiones Extranjeras que estipulaba la igualdad de derechos y obligaciones entre el capital nacional y el internacional y, entre otras cosas, eliminaba la posibilidad de que el Estado oriente el capital extranjero a determinadas actividades.
Al mismo tiempo que la industria perdía protagonismo en la economía, las finanzas se convertían en el foco central. En febrero de 1977, se aprobó la Ley de Entidades Financieras que sentaba las bases institucionales para el proceso de apertura financiera y posterior endeudamiento. Para dimensionar la magnitud de este movimiento, entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de mil 197 sucursales financieras. Hasta mayo de 1977, la cantidad de bancos y entidades de esta índole apenas superaban las 100 en todo el país.
El gobierno de facto generó un modelo en el que las tasas de interés locales eran muy altas y las internacionales, bajas. Esto gestó una afluencia de fondos especulativos hacia la plaza financiera argentina, proceso conocido como “bicicleta financiera”: las empresas nacionales y extranjeras se endeudaban barato en dólares en el exterior, ingresaban el dinero en la plaza financiera local para ganar con tasas de interés más altas que las extranjeras, y luego compraban nuevamente dólares y giraban la plata al exterior. Como la plata que salía en el mediano plazo era mayor que la que ingresaba, de alguna manera fue necesario garantizar los dólares para este proceso.
Durante las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1999), se realizó un drástico proceso de reformas de mercado, que transformó "de raíz" la estructura económica y social del país. Estas reformas estructurales de orientación neoliberal contrastaban con las tradicionales políticas económicas asociadas al peronismo, que se había caracterizado por la presencia de un Estado fuertemente intervencionista.
El "menemismo" no dudó en privatizar gran parte de las empresas estatales, flexibilizar la economía, liberalizar el mercado interno, desplegar una apertura financiera al capital transnacional y desarrollar una política de reducción del gasto del Estado, principalmente en lo que respecta a la política social.
El neoliberalismo en la Argentina contó con el apoyo de los grandes grupos económicos locales. Por ejemplo, el grupo Bunge & Born apoyó la candidatura de Carlos Menem y tuvo una activa participación en la política económica de su primer gobierno.
Las medidas aplicadas al sector social impactaron en las obras sociales, el sistema de previsión social y el régimen de trabajo con las reformas de flexibilización laboral, entre las más significativas.
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